Como explicaban expertos en cierto programa de televisión, el Congreso le dice a los ministerios públicos: “si te encuentras a alguien con 5 o menos gramos de marihuana, no apliques el castigo que establece la ley.” Eso no es legalizar, ni siquiera despenalizar; es un muy débil y escueto reconocimiento de que los consumidores no son delincuentes. Porque en realidad el Código Penal no está siendo reformado, sólo se está optando por no aplicar en las penas en determinados casos. Entonces, ¿por qué tanto miedo?
En cambio, sobre los beneficios de la legalización se habla muy poco. Gravando el comercio de estupefacientes, como se hace con el alcohol y tabaco, el Estado podría obtener nuevos ingresos (el destino que se le dé a estos recursos es otro tema muy diferente). El monopolio de la violencia volvería a manos estatales… o eso nos gustaría creer. Claro que para que realmente disminuyera el número de adictos a estas sustancias habría que dedicarle más recursos a las campañas de prevención, a la distribución de información clara y verídica sobre las consecuencias del uso, y finalmente, crear más y mejores clínicas de tratamiento. Y esto es algo que no se ve ni en la supuesta reforma, ni en las iniciativas, y mucho menos en las propuestas electorales que se nos vienen encima.
